En los últimos años han surgido una serie de empresas que se han dedicado a la evasión fiscal mediante la emisión de facturas falsas. Dichas empresas han desarrollado un funcionamiento a manera de red con una serie de estrategias de evasión fiscal que fomentan la informalidad y los negocios fraudulentos. Hoy te contamos un poco de los mecanismos que han empleado y las consecuencias que han tenido que afrontar tras el descubrimiento de sus operaciones.
¿En qué consisten las facturas falsas?
Las facturas ayudan a determinar el impuesto que una determinada empresa deberá de pagar en base a las operaciones que ésta ha efectuado y la utilidad que, por consiguiente ha obtenido. Sin embargo, en muchas ocasiones se emiten facturas falsas para evadir impuestos dado que mediante estas disminuyen la utilidad de la que es acreedora la empresa y por ende, la carga tributaria. En otras ocasiones este tipo de facturas son empleadas para encubrir actividades ilícitas a lo largo del tiempo.
El tiempo resulta pues un factor fundamental en tanto mientras más prolongado sea el periodo, más complicado es rastrear la operación efectuada. El famoso refrán “el tiempo lo cura todo” se torna sombrío para estas ocasiones en las que, con el paso de los años, se va olvidando el número de veces que se ha efectuado determinada acción si estas no es registrada adecuadamente. Es así que, en el lapso de diez años se podría haber pintado una casa unas cuatro o seis veces. Quizás fueron cuatro, pero claro está que según los propios intereses, quizás resulte mejor decir que fueron seis con un par de facturas falsas.
Las empresas factureras
Es entonces que entran en juego las empresas factureras. Estas empresas han sido contratadas para dar servicio mediante recibo por honorarios y han logrado causar pérdidas millonarias al fisco. La mayoría de ellas se relacionan entre sí y comparten clientes. Las empresas facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, o caso contrario, se dedican a encubrir actos ilegales. Usualmente, estas empresas son difíciles de localizar porque en teoría “no existen” dado que no tienen empleados, trabajan mediante direcciones falsas que tienden a derivar a terrenos baldíos o simplemente no existir.
Tras una serie de investigaciones se descubrió que este delito se permitía y no se investigaba debido a que en este esquema habían funcionarios de tercer nivel involucrados. Estos funcionarios cobraban comisiones por su participación.
La consecuencia de incurrir en dicho acto ilícito está amparada en el Código Fiscal de la Federación, Artículo 113 Bis. – Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
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